Grandes empresas privadas justifican sus proyectos de enriquecimiento en países subdesarrollados donde los primeros "ayudan" al desarrollo de los segundos con salarios bajos y destrozos ambientales, luego para evitar el malestar público de la población, crean centros de primera necesidad que obligan a la población a no poder mostarar su opinión sobre sus abusos porque, si las empresas se ven comprometidas en algún tipo de escándalo público, podrían retirar sus empresas de estas zonas y con ellas todos los centros de primera necesidad.
De esta forma los indígenas se ven bajo una doble presión: perderían su trabajo y perderían los focos de "claridad" (escuelas, hospitales, etc) que las empresas traen consigo, y no les queda otra que aceptar todo lo que estas empresas piden, aumentando el beneficio de estas y manteniendo la forma de vida de los campesinos.
Por otra parte, estas empresas atraen capital y pueden provocar un proceso de crecimiento acumulativo en la zona, con su respectivo desarrollo.
Así vemos dos puntos de vista enfrentados, por un lado el abuso de las grandes corporaciones transnacionales y por otro lado el progreso real que producen. ¿A quien beneficia? A ambas partes, por supuesto. Entonces, ¿Cuál es el problema? El problema es que estas empresas no ahorran en presiones y apoyos a gobiernos favorables a ellas que pueden perjudicar a la población.
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